Una fuerte polémica se desató en el Concejo Deliberante de La Plata luego de que el concejal del Pro Nicolás  Morzone lanzara duras acusaciones contra el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien estaria por enviar una carta documento exigiendo que rectifique sus dichos en un plazo de 48 horas.

Nicolás Morzone uno de los concejales del Pro se ha ganado dentro del Concejo Deliberante de La Plata una fama particular: más dedicado a la gesticulación y al espectáculo político que a la elaboración de proyectos sólidos. Su estilo, marcado por intervenciones ruidosas y confrontativas, suele generar más polémica que propuestas concretas. Además, varios sectores lo cuestionan por su manera de discutir en el recinto, señalando que suele mostrarse especialmente duro en los cruces con concejalas.

El conflicto con el  juez Masi, comenzó durante la sesión del 5 de marzo, cuando Morzone cuestionó públicamente el accionar de la Justicia en la investigación por presuntos abusos ocurridos en el Senado bonaerense. En su intervención, el edil sostuvo que tanto el juez Masi como la fiscal Betina Lacki deberían dar explicaciones por no haber avanzado con la causa durante años.

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión. A través de una carta documento que el juez Masi estaria por enviar, el magistrado rechazó de plano las acusaciones y aseguró que los dichos del concejal son falsos y perjudican su honor y su labor dentro del Poder Judicial.

Masi aclaró que la causa mencionada por Morzone se inició recién en 2025, por lo que resulta imposible que el juzgado haya demorado seis años en avanzar con la investigación. Según explicó, la intervención de su tribunal comenzó el 4 de julio de ese año, cuando se abrió formalmente la investigación penal preparatoria.

El juez también detalló que, tras el trabajo del Ministerio Público Fiscal y la recolección de pruebas, su juzgado ordenó las detenciones de los imputados el 23 de diciembre de 2025.

El magistrado fue contundente al calificar las acusaciones como “falaces” y aseguró que reflejan “desinformación e ignorancia”, además de una intención de afectar su buen nombre y la imagen de la Justicia.

Por ese motivo, intimaría al concejal del Pro a que rectifique públicamente sus dichos tanto en redes sociales como en el recinto del Concejo Deliberante en la próxima sesión.

El episodio generó un fuerte revuelo político en La Plata y volvió a encender el debate sobre los límites de las acusaciones públicas dentro del ámbito institucional.