El Gobierno nacional estableció este martes el Salario Mínimo Vital y Móvil en $ 180.000 para el mes de febrero y en $ 202.800 para marzo, informó el vocero presidencial Manuel Adorni.

La decisión gubernamental se conoció cinco días después de que fracasara la reunión del Consejo del Salario, donde las centrales obreras habían reclamado una suba del 85% que llevara el salario mínimo a 288.600 pesos.

"Como no se ha logrado que las partes se pongan de acuerdo por el Salario Mínimo, el Gobierno debe laudar y se fijó el salario en febrero 180.000 pesos y en marzo en 202.800 pesos", destacó Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada.

El Consejo del Salario, que integran representantes del Gobierno nacional, las cámaras empresarias y las centrales sindicales, se había reunido el jueves último, pero no alcanzaron un acuerdo acerca del aumento que debía aplicarse al Salario Mínimo.

Tras finalizar el encuentro, la CGT denunció que el Gobierno había hecho "fracasar la reunión" con el "único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo".

En un comunicado, la CGT indicó que junto a las dos CTA había llevado como propuesta al Consejo "un 85% de aumento sobre el último monto a partir del 1 de febrero", lo que fijaba una base salarial en 288.600 pesos.

Las cámaras empresarias rechazaron ese nivel del incremento, indicó la CGT, que, sin embargo, no responsabilizó al sector empresario del desacuerdo sino al Gobierno, porque "evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad".

"La irresponsabilidad social puesta de manifiesto por la Secretaría de Trabajo no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos", afirmó la CGT.

Adorni dijo que el Gobierno avala que las paritarias salariales sean "libres" entre empleadores y trabajadores, y ante una consulta acerca de si el Gobierno estima que al finalizar el año los salarios le habrán ganado a la inflación, respondió que la puesta en vigencia del DNU 70/2023, cuestionado en la Justicia por diversos sectores sociales, entre ellos el sindical, y la llamada Ley "Bases", cuyo tratamiento fracasó en la Cámara de Diputados, eran "piezas clave para avanzar con celeridad" hacia ese escenario.