La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para la semana próxima a una audiencia de conciliación al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y al presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, en el marco de la causa que inició la provincia contra el Estado Nacional. Se trata de un reclamo para tener acceso al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) porque, afirma, las decisiones tomadas por la administración central le impide cumplir con el pago de sus deudas públicas, cuyo vencimiento opera el 19 de septiembre próximo.

Según las fuentes consultadas, la audiencia de conciliación será encabezada por el secretario de juicios originarios, el área donde tramita la causa, en donde no participan los ministros. La convocatoria de la audiencia busca, aún sin requerimiento de las partes, “intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos”.

A inicios de junio, el BCRA resolvió restringir a las provincias el acceso al mercado oficial de cambios para hacerse de los dólares necesarios para afrontar la totalidad de los pagos de deuda comprometidos en moneda dura. Según estableció, las provincias podrán acceder por sólo el 40% de los montos a vencer mientras que el 60% restante de los vencimientos de capital deberán ser refinanciados o bien, dada la vigencia inmediata de la medida, afrontados con dólares propios de las jurisdicciones.

Frente a ello, Mendoza formuló un reclamo judicial argumentando que la prohibición de acceder al MULC le imposibilitaría cumplir con el pago de sus deudas, cuyo vencimiento opera el 19 de setiembre. La provincia debe afrontar pagos por 55,6 millones de dólares ese día. En su presentación, argumentó que un órgano nacional ejercería competencias delegadas “de manera abusiva” e “inmiscuyéndose en la autonomía administrativa y financiera de la provincia”.

El gobierno de Mendoza pretende que la Corte defina si está alcanzado por la medida del BCRA y, en caso afirmativo, que declare la inconstitucionalidad de la norma. Desde el Central sostienen que no habrá cambios y que Mendoza deberá acatar lo dispuesto, mientras que la provincia confía en revertir la decisión con la intervención de la Corte Suprema.