La relación entre los movimientos sociales asociados al oficialismo y el Gobierno se tensó y enrareció en las últimas horas. Los grupos piqueteros aglutinados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) amenazan con un “plan de lucha” y se movilizarán este viernes al Puente Pueyrredón para hacer una asamblea, en lo que será la primera medida de fuerza relevante durante la gestión de Alberto Fernández.

La UTEP tenía previsto realizar asambleas en todo el país el miércoles próximo, pero ayer definieron anticipar la medida. La irritación de los movimientos sociales creció por la decisión del Gobierno de dar de baja un número todavía indefinido de planes sociales por incompatibilidades detectadas a partir de un pedido de informes a la AFIP, una trama que se inició cuando se filtró que el organismo recaudador había detectado a beneficiarios de las asignaciones que habrían comprado dólares o tenían registradas a su nombre propiedades o vehículos.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quiere que las incompatibilidades encontradas por dicha auditoría impacten en el pago del Potenciar Trabajo que se gira el próximo lunes 5 de diciembre. Es decir, busca que se actualice el padrón y se den de baja los casos irregulares en lo inmediato.

Los movimientos sociales alegan que detrás de ese ordenamiento está la voluntad de hacer un “ajuste” y aseguran que el Gobierno busca “cargar contra los últimos de la fila con criterios burocráticos insólitos y falaces”. Una fuente cercana al Movimiento Evita advirtió: “No se pueden dar de baja planes de forma intempestiva de manera desleal. Para recortar están poniendo la lupa sobre el sector más desprotegido”.

Según pudo saber este medio, en las últimas horas, para efectuar la suspensión de Potenciar Trabajo, Tolosa Paz -en base al informe de la AFIP- pidió detectar, entre otros puntos: titulares que posean un vehículo con una antigüedad menor a 10 años; titulares que percibieron ingresos superiores a dos salarios mínimos en promedio en los últimos seis meses; titulares que hayan hecho gastos con tarjeta de crédito por un monto superior a dos salarios mínimos, casos de beneficiarios que están en la categoría B del monotributo o superior, y titulares que hayan accedido al mercado de cambio a los fines de la obtención de divisas.

El informe de AFIP

La auditoría de la AFIP primero puso la lupa sobre 250.000 beneficiarios para luego determinar que, en rigor, menos de 3000 cometido irregularidades. El informe primero tuvo carácter estadístico y no nominal, debido al secreto fiscal.

El informe -solicitado a la AFIP por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Juan Zabaleta- era para uso interno, pero se filtró. La pregunta que el Ministerio le hizo al organismo recaudador estuvo mal formulada, porque se pidió por beneficiarios que habían comprado moneda extranjera, o tienen una propiedad o un rodado, o pagan Bienes Personales. Así, se mezcló en una misma bolsa a casos irregulares con personas que solo tenían una moto a su nombre o habían contratado Netflix. También hay casos de personas que compraron un dólar para probar si el banco los habilitaba pese al cepo.

El fiscal federal Guillermo Marijuan inició una pesquisa de oficio, que actualmente impulsan el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Julián Ercolini. Tolosa Paz solicitó al magistrado que levantase el secreto fiscal para acceder a la nómina -con nombre y apellido- de casos observados, que tenía la Justicia pero no su ministerio.

Ayer, Ercolini levantó el secreto fiscal y la ministra anunció por redes sociales que a partir de esa información procedería “liquidar correctamente el Programa Potenciar Trabajo a sus titulares”.