El 29 de octubre de 2020 la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por orden judicial, desalojaba la mayor toma de tierras en territorio bonaerense -más de cien hectáreas en Guernica, partido de Presidente Perón-. Antes del “lanzamiento”, el gobierno de Axel Kicillof a través de su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, firmó convenios con más de la mitad de las casi tres mil personas asentadas en el lugar. Se les prometió soluciones habitacionales, subsidios y alimentos. Dos años después, los dirigentes de la Unidad Piquetera, junto a familias que participaron de la megatoma, contarán el Puente Pueyrredón por el “incumplimiento” de esas promesas y en reclamo de “tierras para vivir”.

“A dos años del desalojo de Guernica, Kicillof y el ‘Cuervo’ Larroque no entregaron ni un pedacito de tierra a las familias. El kirchnerismo represor no entrego ni un lote”, afirmó Eduardo Belliboni, quien recordó que “el violento desalojo protagonizado por un enorme ejército de policías, con tropas especiales, carros hidrantes, caballería, cuatriciclos y motocicletas, camiones y camionetas, balazos de goma, gases y golpes contra los habitantes de ese predio abandonado desde hace décadas en el sur del conurbano, dejó el saldo de decenas de heridos y 35 detenidos”.

Por entonces, los funcionarios bonaerenses, bajo el paraguas de la Justicia, conformaron una mesa de diálogo integrada por los vecinos de la toma, organismos de Derechos Humanos, el CELS, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Allí acordaron realizar un censo sobre la población asentada en el predio, prohibir el ingreso de más personas y una serie de beneficios para quienes accedían a abandonar la usurpación antes del desalojo.

El relevamiento de la usurpación reveló que se identificaron -de modo aéreo- 2.127 “hechos físicos”; es decir, pequeñas construcciones en parcelas con distinto nivel de precariedad levantadas por los ocupantes. Se relevaron 1.904 grupos familiares o personas adultas solas, y 440 parcelas que habían sido demarcadas durante la toma estaban deshabitadas.

Los números también marcaron que había “1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución, esto es, más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc.”.

Después del desalojo, los funcionarios de Larroque continuaron firmando acuerdos con los desalojados. Por otro lado, las familias y organizaciones sociales, entre las que destacaban el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) continuaron movilizadas y lograron sentar en la mesa de diálogo a funcionarios que venían llevando las negociaciones en Guernica.

Cuatro meses después del desalojo, en febrero de 2021, se llegó a un acuerdo con alrededor de 830 familias de “pre-adjudicación de lotes con servicios” y un subsidio de 30 mil pesos que se concretaría en 6 meses. Desde la Unidad Piquetera afirmaron que “Larroque y Kicillof no cumplieron con nada de eso”. “Por eso vamos a cortar uno de los principales accesos entre CABA y Provincia, una medida de fuerza que se va a profundizar si no se le da solución a la gente”, sostuvo Belliboni.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se comunicó que hasta ahora el balance de lo entregado a las familias desalojadas es el siguiente: se firmaron 1.460 actas de acuerdo para asistencia y soluciones habitacionales y entrega de subsidios. Se tramitaron 838 subsidios de $90.000 en 3 cuotas de $30.000. De ese monto, solo se cobró la primera cuota y en este momento “se está llevando adelante el proceso de rendición de la misma, condición necesaria para poder avanzar hacia el depósito de la segunda cuota”. La Provincia otorgó 1.656 subsidios, Nación aportó 457 ayudas urgentes, y dos años después apenas “se entregaron 10 módulos habitacionales”.

Según ese mismo informe oficial al que accedió este medio, “67 familias recibieron materiales para ampliación de vivienda” y “acompañamientos con mano de obra a través de 31 cooperativas”, y se realizó “acompañamiento con mobiliarios en 778 casos”. Pasado en números, desde 2021 la “inversión” que realizó la administración de Kicillof fue de $63.390.000 en subsidios; $26.036.533 en alimentos, ropa de abrigo y mobiliario; $42.300.000 en entregas de materiales y obras, y $20.000.000 en mano de obra de 31 obras de construcción y mejoramiento, lo que significa un total de $151.726.533.

Durante todo el proceso que implicó la toma y el posterior desalojo, la defensa judicial de los usurpadores estuvo garantizada por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, entre los que destacaban el ex líder montonero Roberto Perdía y María del Rosario Fernández.

El 13 de agosto del 2021, a través de una conferencia de prensa realizada en los terrenos desalojados, Axel Kicillof, junto a la intendente del municipio de Presidente Perón, Blanca Cantero, el ministro Andrés Larroque y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, entre otros funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, anunciaron un “Plan de desarrollo urbano” para entregar viviendas con servicios a las familias censadas.