Un automovilista de 33 años fue asesinado de una puñalada en el tórax luego de una discusión de tránsito. Tras el primer cruce verbal, el motociclista siguió a la víctima hasta la casa de un familiar, para trenzarse a golpes y luego huir. Cuando parecía que todo había terminado, otro hombre, que sería un familiar, regresó con un arma blanca. La víctima intercedió cuando el agresor atacaba a su tía y fue herido de muerte.

“Me quedé sola para siempre. No tengo a más nadie. Me robó la vida de mi hijo”, decía esta mañana, visiblemente consternada, Cristina, la madre de Alan Osvaldo Lipovsky, el remisero asesinado. El violento hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Gerli, en Avellaneda.

La mujer contó que el joven arribó el sábado a su casa ubicada en la calle General Paz al 1600, en su rodado. Justo detrás de él se detuvo una motocicleta. El hombre que la conducía, vestido con una camiseta del club Rosario Central, descendió del rodado y sin mediar palabra comenzó a atacar a trompadas a la víctima.

Tras trenzarse a golpes, el agresor se marchó. Fue entonces que Lipovsky contó que había tenido un altercado de tránsito con ese motociclista. Pero el cruce entre los hombres no terminó allí. Diez minutos más tarde, un familiar del agresor regresó, esta vez a pie, con un elemento que tía de la víctima describió como un “hierro brillante” y la atacó ferozmente primero a ella, provocándole un corte en el rostro y otros en sus brazos.

Lipovsky intervino para detener al hombre y el agresor le dio a la víctima una puñalada en la zona intercostal izquierda, tras lo cual escapó corriendo por la calle De la Serna. La víctima fue trasladada al Hospital Fiorito de Avellaneda por su mamá, pero allí, pese a los intentos de los médicos, el joven falleció por la gravedad de la herida recibida.

Fuentes de la investigación, a cargo de la fiscal Alejandra Olmos Coronel, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 de Avellaneda, y de la comisaría 6.ª de Gerli, indicaron que los agresores ya estarían identificados.

La fiscal ordenó un relevamiento de cámaras de seguridad que hayan captado los momentos previos y posteriores al crimen y otras tareas investigativas. La causa está caratulada como homicidio, delito que prevé una pena de 8 a 25 años.