El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, solicitó agravar la acusación contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino en el marco de una causa por presunta evasión y retención indebida de aportes a la seguridad social.

En un dictamen presentado este viernes ante el Tribunal de Apelaciones, el fiscal reclamó que se incorpore al procesamiento un tramo de la acusación que había sido excluido en primera instancia y que representa el 77% del monto total denunciado.

La controversia gira en torno a la falta de depósito, dentro del plazo legal, de una alícuota aplicada sobre los ingresos derivados del patrocinio publicitario de los torneos organizados por la AFA y la Liga Profesional de Fútbol. Esos fondos, identificados como “subconcepto 551”, están destinados al financiamiento del sistema de la seguridad social y, según la fiscalía, constituyen una parte sustancial de los recursos reclamados entre 2024 y 2025.

Pérez Barberá respaldó la apelación presentada previamente por el fiscal de primera instancia, Claudio Navas Rial, y sostuvo que los montos excluidos representan “una de las principales fuentes de financiamiento del sistema”. En ese sentido, cuestionó el criterio adoptado por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien había dejado fuera de la imputación esos importes al considerar que se trataba de supuestos de “autorretención” y no de retención o percepción, lo que impediría su encuadre dentro del tipo penal.

Según el magistrado, incluir esos conceptos implicaría una extensión analógica de la figura penal en perjuicio de los imputados, en violación del principio de legalidad. Esta interpretación fue apelada tanto por la fiscalía como por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El fiscal ante la Cámara, sin embargo, sostuvo que esos fondos no pertenecen a la AFA, sino que tienen como destino a clubes y trabajadores vinculados a la actividad futbolística, por lo que la entidad actúa como intermediaria y debe cumplir con su correcta transferencia al sistema previsional.

La causa tiene su origen en una resolución dictada el 30 de marzo pasado, cuando el juez Amarante procesó a Tapia, Toviggino y a otros dirigentes —Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo—, además de la AFA como persona jurídica, por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social agravada. En ese fallo, se los acusó de no haber depositado en término retenciones correspondientes al IVA y al Impuesto a las Ganancias.

El Tribunal de Apelaciones, integrado por los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos, deberá resolver si confirma los procesamientos y si hace lugar al planteo del fiscal. La decisión no se conocerá antes de mayo, ya que algunas defensas solicitaron la postergación de la audiencia prevista originalmente, que fue reprogramada para el día 5 del próximo mes.

El esquema de autorretención en discusión fue establecido por el Decreto 510/2023, con el objetivo de reforzar el control y la previsibilidad en el cumplimiento de las obligaciones previsionales en el fútbol profesional, así como garantizar mayor seguridad jurídica para los trabajadores del sector.