Uno de los imputados de “La Secta” estaría comisionado en la Municipalidad 

La detención de dos empleados del Senado bonaerense destapó una de las causas más oscuras y perturbadoras de los últimos años dentro de la Legislatura provincial. Lo que comenzó como una investigación por abusos sexuales derivó en la presunta existencia de una red coercitiva que habría operado durante casi una década en oficinas oficiales, con acceso al poder, cargos estatales y posibles zonas liberadas.

A fines de diciembre, en la ciudad de La Plata, fueron detenidos Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del Senado bonaerense, acusados de integrar una organización que, según la investigación judicial, captaba jóvenes en situación de vulnerabilidad para someterlas a abusos sexuales y rituales de iniciación dentro de dependencias legislativas.

Pero un dato explosivo elevó aún más la gravedad del caso: Rodríguez estaría comisionado y cumpliendo funciones en la Municipalidad de La Plata, bajo la órbita de una de las áreas que responde a Castagneto, lo que abre interrogantes inquietantes sobre los controles, las responsabilidades políticas y el alcance real de la red investigada.

La causa describe una estructura denominada “La Orden de la Luz”, que funcionaría como una secta con fachada de empleo o militancia rentada. De acuerdo a la fiscalía, el grupo habría utilizado oficinas del Senado como escenario de los abusos, combinando coerción psicológica, abuso de poder, manipulación y silencio institucional. Hasta el momento, seis mujeres declararon haber sido víctimas, pero no se descarta que el número sea mayor.

Tras las detenciones, ambos imputados se negaron a declarar ante la fiscal Cecilia Lacki, quien solicitó al juez de garantías Juan Pablo Masi la autorización para abrir y peritar teléfonos celulares, computadoras, pendrives y una tablet secuestrados en los allanamientos. La expectativa es máxima: en esos dispositivos podría haber mensajes, correos, fotos y videos capaces de confirmar los abusos, identificar a otros involucrados y reconstruir el entramado completo.

El expediente ya no se limita a delitos sexuales. La Justicia investiga posibles responsabilidades por acción u omisión dentro de estructuras estatales, bajo la hipótesis de que la red logró mantenerse activa durante casi diez años gracias a vínculos políticos, cargos públicos y acceso irrestricto a edificios oficiales.

El impacto institucional es demoledor. El escándalo golpea de lleno al Senado bonaerense y salpica a su conducción, con la figura de Verónica Magario, presidenta de la Cámara alta, en el centro de la tormenta política por hechos que habrían ocurrido bajo su órbita institucional.

Mientras tanto, las consecuencias ya comenzaron a sentirse fuera del ámbito judicial. El Club Meridiano V° de La Plata resolvió desvincular de manera inmediata a Nicolás Rodríguez, quien integraba el plantel Promocional de Mayores. En un duro comunicado, la Comisión Directiva expresó su “repudio enérgico a todo hecho de violencia” y marcó una postura tajante frente a la gravedad de la causa.

Ahora, la investigación entra en una fase decisiva. La apertura de los dispositivos electrónicos podría revelar la verdadera dimensión de la presunta secta, confirmar si hubo más víctimas y determinar hasta dónde llegó la red dentro del Estado. Mientras la Justicia avanza, el caso promete nuevos capítulos y deja al descubierto una pregunta inquietante: ¿cómo pudo operar durante años una organización de este tipo dentro del corazón del poder político bonaerense?