Una causa judicial de alto impacto sacude al Senado de la provincia de Buenos Aires, donde la Justicia de La Plata investiga una serie de denuncias por abusos sexuales reiterados que se habrían prolongado durante casi diez años. Los acusados son dos empleados del cuerpo legislativo, actualmente detenidos, señalados por delitos contra la integridad sexual cometidos —según la investigación— en un contexto de manipulación, amenazas y uso de relaciones de poder.

Los imputados, identificados como Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, quedaron bajo arresto tras una serie de allanamientos y medidas ordenadas a pedido de la fiscal Betina Lacki, a cargo de la UFI N° 2 de La Plata. El Juzgado de Garantías N° 4 avaló las detenciones al considerar que existen elementos suficientes para sostener las imputaciones.

De acuerdo con fuentes judiciales, los hechos investigados se remontan al menos a 2015 y describen un patrón sostenido de abusos y sometimiento psicológico que, en algunos casos, se habría extendido hasta 2023. Las denunciantes —cuyas identidades se mantienen en reserva— relataron haber atravesado situaciones de coerción en un marco de desigualdad de poder, tanto en el plano personal como laboral y político.

Uno de los ejes centrales del expediente es el presunto uso de espacios vinculados a la militancia y a la actividad institucional como mecanismos de acercamiento y control. En ese contexto, la fiscalía analiza el funcionamiento de un grupo denominado “La Orden de la Luz”, descripto en testimonios como una estructura con rasgos sectarios. Siempre según la causa, Rodríguez se presentaba como una figura con liderazgo espiritual, mientras que Silva Muñoz habría cumplido un rol de acompañamiento y refuerzo de esa dinámica.

La investigación da cuenta de episodios de intimidación, control de la vida personal de las víctimas y una escalada en la gravedad de las conductas denunciadas a lo largo del tiempo. Parte de los hechos habrían ocurrido en domicilios vinculados a los acusados y en ámbitos relacionados con su actividad laboral y política.

Negativa a declarar y avance de la causa
Tras las detenciones concretadas el 29 de diciembre, ambos imputados fueron trasladados para prestar declaración indagatoria, aunque optaron por no declarar, amparados en su derecho constitucional. En paralelo, la defensa solicitó el traslado a una alcaldía departamental, argumentando que las condiciones de detención no serían adecuadas, pedido que quedó a consideración del juzgado.

Desde el Ministerio Público señalaron que la causa se sustenta en testimonios coincidentes y sostenidos en el tiempo, además de documentación y material digital incorporado recientemente. También se investigan intentos previos de denuncia y presuntas maniobras de hostigamiento posteriores para impedir que los hechos llegaran a la Justicia.

Para la fiscalía, el caso reviste una gravedad institucional relevante, no solo por la reiteración y la extensión temporal de las denuncias, sino por el contexto de poder desde el cual —de comprobarse— se habrían cometido los hechos, facilitando la captación y el sometimiento de las víctimas.