El reciente acuerdo firmado en Sharm el-Sheij, Egipto, con la mediación de Donald Trump y líderes árabes tiene como objetivo poner fin a la guerra en Gaza. Incluye la liberación de rehenes israelíes, excarcelación de prisioneros palestinos, la creación de una administración interina y la desmilitarización de Hamas bajo supervisión internacional. 

Sin embargo, las dudas ya emergen: Israel exige garantías claras de que Hamas entregue sus armas y abandone el poder militar, mientras que el movimiento islamista condiciona su aceptación del pacto a un proceso político integral y la inclusión en el gobierno. 

El pacto contempla el despliegue de una fuerza internacional de estabilización con países como Estados Unidos, Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, que colaboraría con el control fronterizo y el entrenamiento de la policía local. También se abrirá el cruce de Rafah y se establecerá una zona económica especial para incentivar la reconstrucción bajo normas preferenciales. 

El mayor desafío será transformarlo en realidad: despejar los vacíos de poder, coordinar la transición política y garantizar que la ayuda humanitaria alcance efectivamente a la población. Muchos analistas advierten que el acuerdo podría romperse si alguna parte incumple, y el riesgo latente de reactivación del conflicto sigue siendo alto.