El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este lunes que el Gobierno promulgará la ley de discapacidad, cuya emergencia fue ratificada por el Congreso tras rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, aclaró que no se reglamentará ni pondrá en práctica hasta definir con claridad de dónde saldrán los fondos necesarios. 

La ley, impulsada por la oposición y con respaldo mayoritario incluso de bloques que eran aliados del oficialismo, obtuvo más de dos tercios de los votos tanto en Diputados como en el Senado para rechazar el veto presidencial. 

Desde la Oficina de Presupuesto del Congreso estiman que la medida podría implicar un aumento en los beneficiarios de entre 493.000 y 946.000 personas, y un costo fiscal de $ 1.889.371 a 3.627.495 millones, lo que representa entre 0,22 % y 0,42 % del PBI. Además, se evalúan otros gastos vinculados, como compensaciones a prestadores y recursos para talleres de producción. 

Francos explicó que será necesario dictar un decreto reglamentario para establecer cómo se aplicará la ley, y que se dialogará con el Presidente, con el ministro del área correspondiente y con comisiones del Congreso. También sostuvo que el artículo 38 de la ley financiera obliga al Parlamento a señalar de dónde provienen los recursos para gastos nuevos, y advirtió que no puede recortarse a sectores vulnerables para cumplir con la medida. 

---