Mientras la oposición mira desde la tribuna y aprovecha cada traspié oficial, en la Casa Rosada las disputas internas parecen más propias de un thriller de espionaje que de un gabinete de gobierno. En la jerga popular, el Ejecutivo aparece “atado con alambre” y cada semana estallan nuevas tensiones.

Quien había advertido este escenario mucho antes de que se desatara la tormenta fue Ariel García, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Hoy momentaneamente detenido en Ezeiza, García insistio siempre en que lo suyo no fue un accidente ni una falla de control: habla de sabotaje deliberado con el fin de sacarlo del negocio de la salud pública.

Fentanilo, escuchas y un boicot de inteligencia

La crisis estalló cuando se detectó fentanilo contaminado, hecho que derivó en la imputación de García y la clausura de sus plantas. Sin embargo, el empresario siempre sostuvo que se trataba de una maniobra orquestada desde las sombras del gobierno, con participación de sectores de los servicios de inteligencia.

En declaraciones previas a su detención, García apuntó contra un laboratorio ligado a la familia Menem y vinculó la operación a operadores cercanos al ministro Caputo. “No fue la ANMAT la que analizó mi producto, fue un laboratorio privado amigo de los Menem. 

El nombre de Suizo Argentina y las grabaciones

El caso tomó más dimensión cuando aparecieron los audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, que mencionan presuntas coimas relacionadas con la droguería Suizo Argentina, la hermana presidencial Karina Milei y dirigentes de apellido Menem. En paralelo, García había deslizado vínculos de esa misma droguería con su situación.

Dos episodios distintos, separados por pocos días, pusieron en primer plano un entramado común: laboratorios, política y servicios secretos.

Silencios, acusaciones y un exempleado en la mira
Durante meses, García optó por callar, pero ahora señala a un antiguo colaborador suyo, Andrés Quinteros, a quien acusa de haber operado en su contra y de responder a los servicios de inteligencia. Lo llamativo es que la justicia aún no lo citó a declarar.

Un rompecabezas sin resolver
Entre operaciones políticas, escuchas legales e ilegales y la salud pública convertida en campo de batalla, el gobierno aparece atrapado en sus propios fantasmas. Lo que en principio parecía un problema judicial de un laboratorio privado hoy se transformó en una guerra interna con ribetes de espionaje, donde cada revelación amenaza con abrir nuevas grietas en la gestión nacional.