El Senado inició esta mañana una sesión con saldo político adverso para el oficialismo: se reabre el tratamiento de la ley de emergencia en discapacidad, cuya media sanción será utilizada para insistir con la ley tras el veto presidencial. También se debatirá una reforma que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta clave para el Gobierno. 

La sesión, acordada en labor parlamentaria, se definió sin la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien está a cargo del Ejecutivo por el viaje del Presidente. En su lugar preside el libertario Bartolomé Abdala. El bloque opositor promete suficiente apoyo para asegurar quórum y alcanzar los dos tercios necesarios para derogar el veto oficial. 

La ley de emergencia en discapacidad fue pensada para actualizar prestaciones, recrear aranceles según inflación y otorgar pensiones equivalentes al 70 % del haber mínimo. El impacto sobre el presupuesto nacional sería moderado —entre 0,22 % y 0,42 % del PBI— según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. 

También se debate una propuesta para reformar la Ley de DNU: fijar un plazo de 90 días para que el Congreso convalide estos decretos, de lo contrario quedarán sin efecto. Prohibiría la emisión de nuevos DNU similares por un año tras su rechazo. La iniciativa ya cuenta con respaldo de diputados kirchneristas, PRO, UCR y otros bloques provinciales.