A raíz de la difusión de grabaciones atribuidas a Karina Milei, el Gobierno ordenó reforzar las medidas de seguridad en la Casa Rosada. Ahora, al ingresar a la sede presidencial, el personal militar exige a participantes entregar sus teléfonos móviles y realiza barridas electrónicas en salones antes de cada encuentro .

La decisión responde a la interpretación oficial de que se trató de una “operación de inteligencia” con el fin de desestabilizar al Ejecutivo durante una etapa política sensible. Por este motivo, se presentó una denuncia judicial y se evaluó qué encuentro administrativo pudo haber sido vulnerado .

La ministra Patricia Bullrich apuntó a posibles vínculos con servicios de inteligencia extranjeros como responsables del operativo, sin aportar pruebas concretas. Según expresó, la filtración afectó tanto a la intimidad institucional como la estabilidad democrática en plena contienda electoral .

Esta escalada en el control interno se suma al clima de presión que ya atraviesa el Gobierno, aquejado por las denuncias de corrupción vinculadas al caso ANDIS, los escándalos de los audios filtrados y la judicialización de los protagonistas del entorno presidencial .