El Ejecutivo nacional apuntó a consolidar una sensación de estabilidad cambiaria en plena etapa proselitista, sosteniendo el dólar oficial en torno a los $1.300. Para ello, incrementó notablemente las tasas de interés, con licitaciones a entre 65 y 70 % anual que triplican la inflación proyectada, y desplegó un fuerte apretón monetario destinado a retirar pesos del mercado.

Paralelamente, el Tesoro suspendió totalmente las compras de dólares —una herramienta clave para engrosar reservas— alegando volatilidad como obstáculo. También congeló operaciones en bloque que permitían sumar divisas sin involucrar directamente al Banco Central.

A su vez, el Ministerio de Economía lanzó licitaciones urgentes de títulos para absorber los pesos liberados tras la reducción del uso de Letras Fiscales, y adoptó encajes más estrictos para restringir liquidez. Esta combinación busca desalentar la dolarización masiva y reforzar el control sobre la cotización.

No obstante, varios centros de análisis advierten que ese batería de medidas podría impactar negativamente en la actividad real, provocando contracción crediticia y desaceleración. El desafío será sostener este cuadro hasta el cierre electoral, sin generar recesión ni presión inflacionaria adicional.