El Gobierno nacional decidió cerrar definitivamente el programa Procrear, histórico plan de créditos para la vivienda propia que había sido implementado en 2012. La medida, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, fue oficializada este lunes a través de la Resolución 764/2025 en el Boletín Oficial.

La decisión marca el final de una política de Estado que se había sostenido durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y que ahora queda desmantelada por completo bajo el enfoque libertario de Javier Milei.

El plan había comenzado a desarticularse el año pasado, cuando el Ejecutivo disolvió el fideicomiso que lo financiaba. Ahora, con esta nueva resolución, el Ejecutivo avanza en su eliminación total. Desde el gobierno se sostiene que la provisión de créditos para la construcción y compra de viviendas debe quedar bajo la órbita de los bancos, sin participación estatal.

La Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la responsable de llevar adelante el cierre del programa. Mientras tanto, el Banco Hipotecario seguirá administrando los créditos ya otorgados, en su rol de fiduciario, hasta que se complete su liquidación.

En este contexto, se autorizó un nuevo contrato de mandato entre el Banco y el Estado para gestionar los préstamos individuales vigentes. Por su parte, los inmuebles estatales no comprometidos en obras activas serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La visión del gobierno quedó plasmada en un párrafo de la resolución, donde se señala que "la financiación de viviendas es una función que debe ser asumida por la banca comercial, tanto privada como pública, sin que resulte necesaria la intervención del Estado".

Días antes del anuncio, el vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado el final del Procrear y anunciado la implementación de "hipotecas divisibles" para dinamizar desarrollos inmobiliarios privados.

Con esta decisión, el gobierno de Milei sella un cambio drástico en el enfoque sobre el acceso a la vivienda: del rol activo del Estado, a la completa delegación en el sector financiero.