El oficialismo buscará alcanzar este lunes un acuerdo con los bloques dialoguistas para sancionar esta semana el proyecto de Ley Ómnibus, que contempla una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, una amplia reforma del Estado y la privatización de unas 40 empresas públicas.

La sesión especial no fue aún solicitada por La Libertad Avanza (LLA) porque aguarda las conversaciones que se efectuarán con los bloques que firmaron con disidencia el dictamen de mayoría, pero de todos modos mantiene su decisión de hacer el martes la reunión del plenario del cuerpo.

Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, procurará alcanzar un acuerdo con los bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar del proyecto el paquete fiscal.

De esta manera no se tratarán los capítulos del dictamen de mayoría que establecían una aumento de las retenciones agropecuarias, un nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones desde abril, el blanqueo de capitales, los cambios en Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria.

Por tratarse de la primera sesión que afrontará LLA en la Cámara de Diputados, y por la cantidad de temáticas que incluye la ley, el oficialismo debe aceitar la estrategia para conseguir, primero, los 129 votos que necesita para habilitar el quórum, y luego para lograr los respaldos para sancionar artículos clave de la ley.

En ese contexto, uno de los puntos centrales del dictamen de mayoría firmado por LLA, PRO, UCR, un sector de Hacemos e Innovación, y un diputado del bloque Independencia (exUxP), establece que se declara la emergencia pública hasta diciembre del 2024 en nueve materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética, administrativa, previsional y de salud.

Otro de los planteos que podría ayudar a destrabar la situación y que contribuiría a alcanzar mayores acuerdos sería la posibilidad de acotar las delegaciones de facultades para que no abarque la emergencia en salud y previsional, y declarar sí la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, seguridad, tarifaria, energética y administrativa.