El Gobierno nacional no convalidará los pedidos que realizaron las empresas de transporte y distribución en la audiencia pública del gas, los cuales eran superiores al 400%. Por estas horas, desde la Secretaría de Energía definen de cuánto va a ser el aumento.

Las compañías solicitaron incrementos en torno al 500%. Si a eso se le suma el retiro de los subsidios, que ya está confirmado que se va a realizar en un plazo de 90 días, para abril hubiera significado un aumento en las facturas finales de las familias de casi el 700%.

Desde el área que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo indicaron a Ámbito que todavía no pueden adelantar las decisiones ni los criterios a definir.

La asociación que nuclea a las distribuidoras (Adigas) mostró un comparativo: desde febrero del 2018 hasta agosto del 2023, la tarifa de distribución registró aumentos del 461%, mientras que la inflación mayorista (IPIM) fue del 2843%.

Adigas aseguró que las actualizaciones que se dieron en 2021, 2022 y 2023 estuvieron destinadas "al pago de salarios, los costos de mantenimiento y las inversiones mínimas".

Si se analizan los pedidos empresa por empresa, en el caso de la distribución, en la audiencia pública Naturgy-Gasnor propuso una adecuación de 413%.

Por su parte, Metrogas solicitó una recomposición que asciende hasta el 639% para los cargos fijos y hasta 704% en los variables, aunque varía según categorías, demanda prioritaria y grandes usuarios.

En tanto, en el caso del transporte, TGN pidió una recomposición tarifaria del 523,5%, al asegurar que fue la "inflación no reflejada" entre abril del 2018 y diciembre del 2023. Anticipó que si les dan tarifa, la capacidad de transporte podría crecer 10% anual durante 9 años, y sin tarifa, "menos del 1% anual". En la misma línea, TGS aseguró que hubo un ajuste tarifario no aplicado del 567%.

Lo que está confirmado es que el Gobierno habilitará la quita de subsidios en el gas, que se hace a través del componente PIST. Será de a tercios, 33% en febrero, otra parte en marzo y otra igual en abril. A partir de abril, se implementará otro esquema de subsidios, que reemplazará al actual: será en base a los ingresos de los hogares y de acuerdo a cuánto destinen de ese monto a una canasta energética, cuyos detalles aun se desconocen.

Pero para conocer cuánto de esa quita de subsidios impactará en la boleta final que le llega a las familias, falta saber cuánto le convalidará el Gobierno a las empresas de transporte y distribución. En la audiencia pública no se explicitaron los criterios que utilizarán para actualizarle a las empresas.

La consultora Economía y Energía realizó una estimación de cuánto serían las boletas finales de las familias en abril si se le diera una actualización del 524% para transporte y 462% para distribución. Para los usuarios de altos ingresos (N1), implicaría un aumento del 422% entre abril y lo que pagan en enero. Para los de ingresos medios (N3), un salto del 666%. El aumento es mayor porque hoy solo pagan 0,4 dólares el gas, y con la quita de subsidios pasarán a pagar la totalidad (4,3 por millón de BTU). Con la segmentación, los N1 ya pagaban 1,07 usd/mmbtu. Así, los N1 y los N3 tendrían una tarifa promedio de $23.772 por mes si se les habilitara todo lo pedido a las empresas.

La estimación de la consultora es distinta para los N2 (familias vulnerables), porque proyecta que seguirían teniendo un subsidio del 50% del costo del suministro. Estima que en abril su tarifa sería de $17.356, lo que implicaría un aumento del 697%.

Lo que se debate por estas horas en el Gobierno es si se convalidará el pedido de actualización mensual, a través de una fórmula, que para las empresas debería seguir el índice de precios mayoristas que releva el Indec (IPIM). De hecho, la resolución del Enargas que convocó a la audiencia pública asegura que una de las temáticas era “la determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de gas”. Para las tarifas de transporte del Área Metropolitana, el Gobierno definió que se actualicen mensualmente por inflación.