En medio del conflicto que se generó respecto de quién debe pagar el aumento salarial para los trabajadores del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro total de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el próximo viernes que, a diferencia de las ocasiones anteriores, no puede ser desactivado por el Gobierno mediante el dictado de la conciliación obligatoria.

La disputa comenzó luego de la última reunión paritaria, en la que las autoridades nacionales concedieron el incremento que exigían los representantes sindicales y dijeron que una buena parte de esa suba debía ser aportada por las empresas de transporte, que se retiraron del lugar sin firmar el acuerdo.

Las compañías se negaron a avanzar con las negociaciones al sostener que no tienen los recursos económicos como para hacer frente a ese gasto, por lo que reclamaron una actualización del monto que reciben en concepto de subsidio estatal para poder pagar los sueldos con el aumento correspondiente.

Puntualmente, la UTA solicitó cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262 mil pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores.

Finalmente, a cinco días del inicio de julio las empresas comenzaron a pagar los salarios sin el incremento acordado entre el Gobierno y el gremio, que emitió un comunicado en el que advirtió que, “de no cumplirse” con esa suba, “se procederá a la retención inmediata de tareas a partir de las 00 horas del día viernes 7 de julio del corriente”.

“Aquellas diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación (el Ministerio de Transporte) resultan completamente ajenas e independientes de los salarios de trabajadoras y trabajadores representados, quienes no pueden ni deben esperar de disposiciones reglamentarias, convenios, rendiciones, etcétera para percibir sus haberes. No admitiremos que se ponga a los trabajadores como rehenes de la problemática del servicio”, sostuvo el sindicato.

A diferencia de las ocasiones anteriores, en esta oportunidad el Ministerio de Trabajo, a cargo de Raquel “Kelly” Olmos, ya no puede dictar la conciliación obligatoria para intimar a los colectiveros a prestar el servicio mientras siguen las negociaciones paritarias.

“Esto es algo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, se pasan la pelota entre el Gobierno y las empresas y nadie se hace cargo de nada. Nosotros les damos 24 horas para que durante el jueves se pague el aumento, como dice el acuerdo firmado, pero si no lo hacen, vamos a ir a paro. Lo que sí quiero dejar en claro, es que empresa que pague, empresa en la que se va a trabajar”, explicó el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, a este medio.

Fuentes cercanas a las cámaras empresariales ratificaron que no tienen el dinero como para hacer frente al aumento salarial y que para ellos “incluso es mejor que la UTA ponga lo que tiene que poner y vaya al paro, para que se visibilice la problemática existente”.

Para las compañías es más difícil tomar una medida de fuerza de estas características, ya que sigue vigente la norma que establece la posibilidad de suspenderle la licencia a las operadoras de colectivo que realicen paros y darle, de forma temporal, el recorrido de las líneas afectadas a otras firmas para garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, esta sanción solamente se puede aplicar cuando la protesta es convocada por la patronal y no por un gremio.

A su vez, fuentes del Ministerio de Transporte confirmaron que a lo largo de esta semana se transfirió el dinero de los subsidios a las empresas del sector, aunque, como estaba previsto, sin ningún incremento, por lo que consideraron que el conflicto es entre el sindicato y las empresas.