El juicio en la "causa Vialidad" por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz concluyó esta semana con reclamos de absolución para 2 de los 13 acusados, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsubsecretario de Obra Pública Abel Fatala y se reanudará el lunes próximo con el alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy expondrán su alegato final los próximos lunes y martes ante el Tribunal Federal Oral 2 y en la tercera audiencia destinada a su defensa, el viernes 23, se prevé que la Vicepresidenta haga uso de la palabra a través de la plataforma virtual Zoom.

En tanto, la defensa del exsubsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo, Abel Fatala, reclamó este viernes su absolución y cuestionó a la fiscalía del juicio por la causa Vialidad por omitir realizar una "descripción precisa" de los hechos en base a los cuales pidió una condena a 4 años de prisión.

La exposición de la defensa de Fatala comenzó a las 9.30 de manera presencial y concluyó poco antes del mediodía, en un alegato que fue seguido en la sala de audiencias por los jueces del TOF y de manera virtual por las restantes partes.

El abogado dijo que "no había ningún tipo de norma que establezca cómo debía realizarse dicho control" y reclamó la absolución.

En base al cronograma elaborado por el TOF2, el lunes próximo se iniciará el alegato de la defensa de la Vicepresidenta, a quien la fiscalía pidió condenar a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para el próximo viernes, la expresidenta resolvió hacer uso de la palabra en esta etapa en su calidad de abogada y en ejercicio de su derecho a defensa ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

El lunes y martes pasado, la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido reclamó su absolución, cuestionó la acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola y argumentó que un Gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una "asociación ilícita", como postuló la acusación.

La defensa de De Vido, por su parte, recusó esta semana a Giménez Uriburu por supuesto temor de parcialidad, algo que está pendiente de resolución.

De Vido tiene un pedido de diez años de prisión por parte de la fiscalía en el juicio en el que se debaten supuestas irregularidades con la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz a empresas del también acusado Lázaro Báez entre 2003 y 2015.