A partir de hoy hay dos temas importantes que preocupan dentro del gobierno nacional. El primero es que el ministro de Economía, Sergio Massa, logre dar respuestas a la crisis. El segundo es que la agenda judicial de Cristina Kirchner no tenga un correlato en la calle, explicitado en un descontento de la militancia sobre el avance de la causa de Vialidad y el enojo de su líder política por lo que considera que es una persecución política.

La endeble situación económica que atraviesa la Argentina quedó en un segundo orden dentro de la agenda del Gobierno en las últimas 72 horas. El foco estuvo puesto en el alegato de la fiscalía que investigó a la Vicepresidenta y la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita montada sobre la estructura del Estado, por la que se benefició al empresario Lázaro Báez en contratos para realizar obra pública en Santa Cruz.

Es que ya son varios los dirigentes que responden al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía Sergio Massa que expresaron su incomodidad por el hecho de que la Vice dispare sus cañones contra la Justicia y que la calle comience a recalentarse: La Cámpora realizó pintadas en diferentes zonas del conurbano con la frase “Con Cristina no se jode” y se estudia la posibilidad de llevar adelante una movilización en apoyo a la exmandataria.

Según el sector del Gobierno que se consulte, las sensaciones son distintas. Cerca de Massa aceptan que la actitud de la Vicepresidenta no es un buen mensaje para los mercados y que no colabora con el objetivo de ordenar la macroeconomía.

En el albertismo y el massismo comienza a haber incertidumbre por la agenda judicial de Cristina Kirchner

“Hay una sensación de unidad detrás de la situación judicial de Cristina Kirchner, pero también es cierto que se debe mantener un equilibrio, no puede escalar mucho más allá el ataque a la Justicia”, dijo un dirigente del oficialismo.

En el albertismo entienden que el Presidente está en un momento de hacer equilibrios e intentar sostener la “tensa paz interna” que se acordó entre las tres patas del Gobierno tras la llegada de Massa al Gabinete. Los famosos 100 días de calma, sin agravios ni cuestionamientos hacia las medidas del flamante ministro de Economía.

Desde los inicios de la gestión, Alberto Fernández y Cristina Kirchner mantuvieron diferencias por la agenda judicial. Los pocos dirigentes albertistas que quedaron en el gabinete salieron a apoyar públicamente a la Vicepresidenta, pero puertas adentro muchos no tuvieron intenciones de hacerlo.

La agenda judicial de Cristina Kirchner quita el foco de la gestión 

Que Cristina Kirchner imponga su agenda le imposibilita a la Casa Rosada desviar el foco de la atención a la gestión. La llegada de Massa también buscaba imprimir una imagen de trabajo que dejara atrás la interna para enfocarse en ordenar la administración. El descargo que Cristina Kirchner realizó este martes contra los fiscales Diego Luciani y Mola no va por los mismos carriles de esta idea.

“Por ahora y mientras este reclamo de Cristina Kirchner no escale a otro nivel la convivencia se mantiene en la misma línea actual, pero hay dudas sobre cómo manejar un recrudecimiento de la situación”, acepta otro integrante del oficialismo.

En el mensaje que Sergio Massa compartió en su cuenta de Twitter en apoyo a Cristina Kirchner no la nombró. Allí solo se limitó a afirmar que “es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad”. Alberto Fernández sí nombró a la exjefa de Estado y compartió el comunicado oficial de la Portavoz de la Presidencia.

Es tan cierto que Massa decidió dar un apoyo “con reservas” a la Vicepresidenta como que aprovechó esta ocasión para realizar ajustes en los créditos vigentes (la plata que se puede gastar) en diferentes carteras ministeriales. Un ajuste que colabora con cumplir la meta fiscal 2,5% del PBI.

El Tesoro recortó las transferencias previstas en $70.000 millones al Ministerio de Educación, en $10.000 millones al de Salud y en $50.000 millones al programa Procrear, entre otros. También hubo quita en Desarrollo Territorial y Hábitat, Transporte y Obras Públicas.