El Consejo de la Magistratura decidió hoy intervenir la oficina que maneja las declaraciones juradas de los jueces nacionales y federales, después de que desconocidos irrumpieron y revisaron 24 sobres lacrados con información confidencial sobre los patrimonios de los magistrados. En la Justicia consideran que se trató de un “mensaje mafioso”.

Los consejeros de la Magistratura decidieron además reforzar la seguridad.

En la Corte, la irrupción generó alarma y el presidente del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, llamó por teléfono a los jueces víctimas del espionaje sobre sus declaraciones de bienes. “Es un mensaje mafioso”, dijo una fuente del Palacio de Justicia, ajena a los tribunales de Comodoro Py 2002.

Además, Rosatti convocó para hoy a la reunión con los consejeros donde se decidió intervenir la oficina y reforzar la seguridad. Mientras tanto, está en marcha un sumario interno, a cargo del jefe de auditores de la Corte, José Luis Pivetta.

En tribunales toma fuerza la hipótesis de que la irrupción de desconocidos en oficinas del Consejo de la Magistratura para violar los datos personales de los jueces habría tenido como objetivo intimidar a los magistrados que tienen causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Si bien hay 24 sobre declaraciones juradas de bienes abiertos y alterados y otros 9 que parecen haber sido manipulados, los dueños de esas declaraciones más mencionados son los jueces de Comodoro Py que tramitan expedientes contra la vicepresidenta, entre ellos Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, a cargo del juicio oral por la causa de Vialidad Nacional, y Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, dos de los jueces de la Camára de Casación con casos sensibles, como Hotesur y Los Suaces, el primero, y la Ruta del dinero K, el segundo.

En la lista de jueces cuyas declaraciones juradas de bienes, en la parte secreta, fueron vulnerados son la consejera jueza de la magistratura Agustina Díaz Cordero, jueza de familia. y el juez Ariel Lijo, podero juez de Comodoro Py 2002 con ascendencia sobre sus colegas y uno de los más influyentes magistrados en la Asociación de Jueces Federales (Ajufe).

El resto de los 24 jueces y secretarios judiciales afectados no son tan conocidos y llama la atención que hayan sido objeto de la curiosidad de los desconocidos: hay jueces laborales, secretarios, y otros magistrados de bajo perfil, como si se buscara sumar sobres abiertos para disimular el verdadero objetivo de los intrusos.

En la Asociación de Magistrados, la entidad gremial que nuclea a los jueces, dijeron en un comunicado consensuado entre los integrantes de todas las listas más cercanas y lejanas al Gobierno, que se trata de un ataque a la independencia judicial, pidieron esclarecer el hecho y descubrir a los culpables.

Por este episodio se abrió una causa penal, que el juez Daniel Rafecas delegó en la fiscalía de Ramiro González.