Entre los próximos 10 y 12 de mayo se llevarán adelante audiencias públicas para debatir la actualización de tarifas de gas y luz y la segmentación de subsidios sobre el principio de gradualidad. Allí se pondrá sobre la mesa un informe técnico elaborado por la Secretaría de Energía que identificó qué criterios se podrían aplicar para reducir el nivel de subsidios.

En las dos primeras audiencias se tratarán los precios del gas natural a nivel nacional y de la energía eléctrica para el AMBA, donde operan Edenor y Edesur. En la tercera se presentarán los esquemas de segmentación de los incrementos tarifarios para los dos servicios.

El objetivo del Gobierno es reducir en su totalidad los subsidios de los usuarios con mayores ingresos. Para los sectores de menores ingresos y más vulnerables, los subsidios continuarán funcionando. Respecto del gas, el ajuste promedio para la mayoría de los usuarios de Argentina se ubicará en 21,5%, con variaciones según la región. En tanto, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur las facturas de luz tendrán un aumento promedio de 17%.

La necesidad de quitar los subsidios en las tarifas de servicios corresponde en parte al acuerdo llegado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para lo que se prevé un aumento escalonado en el valor de los servicios. Así, la suba total en la factura será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior. La variación salarial del año pasado fue de 53,4%, por eso para el 2022 la actualización de las tarifas debería ser de 42,7%. Al porcentaje habría que restarle la actualización tarifaria de marzo. 

Por otro lado, para los beneficiarios de la tarifa social, el aumento será igual al equivalente al 40% del CVS del año anterior, un 20,5%. Para usuarios de la red de Edenor y Edesur que están en esa condición el ajuste no superará el 6%, y en el caso del gas no tendrán aumentos. En tanto, el 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo (determinados según criterios de ubicación geográfica y de ingresos) tendrán que pagar tarifa plena, sin subsidios.

La Secretaría de Energía explicó que para confeccionar el informe, evaluó aspectos socioeconómicos individuales del suministro o del titular como el consumo de energía, nivel de ingresos y patrimonio; o a variables geográficas-espaciales asociadas al valor de la propiedad y las características de la urbanización.

Los titulares del servicio con alto poder adquisitivo deberán afrontar la tarifa plena de los servicios, y esto incluye a personas con más de $300.000, que posean tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios de barcos o aeronaves. Quienes vivan en los barrios que integran el Registro Nacional de Barrios Populares o que por su vulnerabilidad perciban beneficios sociales como la AUH, programa Potenciar o la jubilación mínima, accederán directamente a la tarifa social.

La baja de subsidios también podría alcanzar a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, y los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. 

En cuanto al segmento intermedio, ya que por ser un criterio espacial pueden generarse errores, primará el criterio socioeconómico, por lo cual todos los suministros que no tengan una modificación en su segmento serán asignados con subsidios correspondientes al segmento medio. El Gobierno logró identificar y asignar características al 59,4% de los suministros en el caso de energía eléctrica y el 69% en el caso del gas para el total nacional, habiendo jurisdicciones donde la información suministrada no permite una identificación correcta de los titulares.

En la instancia de aplicación, la autoridad deberá instar a los organismos competentes a la provisión y adecuación de la titularidad de los suministros para alcanzar un mayor grado de identificación, de esta manera se lograrían reducir las solicitudes de reconsideraciones.