En los últimos días, diputados y referentes de los distintos sectores vinculados a los alquileres encabezaron algunas reuniones para tratar los cambios en la Ley de Alquileres, tal como lo anunció el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias. La discusión se da en medio de la votación por el acuerdo con el FMI, por lo que el tema puede demorarse más de lo previsto.

Por estas horas, uno de los puntos que debe definirse es si se va a conformar una comisión especial para el tratamiento de las modificaciones, algo que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, o si se hará a través de las comisiones permanentes.

“Estamos esperando la semana que viene la conformación de las comisiones y también nos vamos reuniendo con los distintos actores que van pidiendo audiencia. Estuve con el Colegio de Martilleros y la semana que viene me reúno con la Cámara Inmobiliaria. De esta forma, vamos generando los contactos para cuando se debata el tema, ya sea en comisión especial o a través de las comisiones permanentes”, dijo la diputada Marcela Passo, que impulsará el debate legislativo.

Según adelantó la legisladora, los puntos clave a cambiar son dos: la actualización de los alquileres -que hoy se hace una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación- y la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo. Lo que no está definido es si una vez que se presente el proyecto se suspenderá la aplicación de la ley vigente.

“El plazo de los contratos y el mecanismo de actualización van a ser los ejes. No tanto la fórmula del índice sino su periodicidad, que sean al menos dos ajustes anuales en lugar de uno. La ley actual también trajo cuestiones interesantes, como el tema de la multiplicidad de opciones de garantías. Pedir una garantía hipotecaria para un alquiler no funciona. ¿Cuándo se ejecutó una casa por una deuda de un inquilino?”, señaló la diputada.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina resaltaron que su propuesta es que la actualización de los contratos sea cada seis meses y de acuerdo al índice actual o a otros índices alternativos, como puede ser el que mide la evolución de los salarios. “También creemos que las provincias deben tener injerencia en la aplicación, porque no todo el mercado inmobiliario es igual a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires”, explicó Alejandro Bennazar, presidente de la CIA.

La cámara también va a pedir que la extensión del blanqueo para la construcción incluya una opción que permita destinar el dinero no declarado a la compra de propiedades usadas -no solo nuevas o a construir- con beneficios en el caso de que luego se destine al mercado de alquileres.