Fuentes oficialistas indicaron que se trata de una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales.

El proyecto de ley, que ingresó en diciembre del 2021 a la Cámara de Diputados enviado por el gobierno nacional, otorga a los proveedores locales prioridad en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales, brindando la posibilidad de insertarlos en cadenas globales de valor y favoreciendo su acceso a mercados internacionales.

Esta normativa alcanza a los organismos de la administración pública nacional; las empresas y sociedades del Estado, los entes públicos y fondos fiduciarios; licenciatarios, concesionarios, permisionarios y autorizados por el Estado para la realización de obras y servicios públicos del Estado y sus contratistas directos; Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación. Para contrataciones realizadas en representación del Estado, incluye a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima.

El Compre Argentino hace referencia a las compras públicas que realiza el Estado o las empresas públicas, que representan el 13% del PBI, y propone aumentar el margen de preferencia sobre la producción nacional, hasta 15% en el caso de compras a grandes empresas, y hasta 20% en las compras a pymes.

Por otra parte, en cuestiones de género, suma tres puntos adicionales para empresas con mayoría de mujeres u otras identidades en la dirección o entre los trabajadores. El proyecto actual incluye varias modificaciones como por ejemplo la inclusión del PAMI.