El Presidente estuvo acompañado por la mayoría de los funcionarios del Poder Ejecutivo, miembros de la Cámara de Diputados y Senadores, la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco –la única del máximo tribunal que se hizo presente– y los once integrantes del consejo de asesores designados por el mandatario para modificar la Corte Suprema, entre otras cosas. “Busco hacer la república que todos reclaman pero algunos humillaron”, afirmó Alberto Fernández al comienzo de su alocución. Y ratificó las críticas hacia el Poder Judicial que había expresado el 1 de marzo durante la apertura de sesiones ordinarias: “Solo existe una organización de jueces que buscan satisfacer el deseo del poderoso. Digamos nunca más a una jJsticia utilizada para saldar discusiones políticas y nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”.

Asimismo, defendió la norma, que fue redactada por Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Internos, y Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica: “Nadie puede sorprenderse de lo que estamos haciendo. El pueblo con su voto me acompañó y lo ratifiqué frente al Parlamento. Dispuse la intervención de la AFI. Ese organismo ya no cuenta con fondos reservados, no hace inteligencia interna y no influye en procesos judiciales”. “Proponemos organizar mejor la Justicia federal. Estamos proponiendo una Justicia independiente que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estamos construyendo una Justicia proba sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos y políticos. Si lo logramos habremos fortalecido esta democracia que tantas deudas tiene con los argentinos y argentinas. Y también habremos saldado una de esas deudas que la democracia tiene con la sociedad”, manifestó.

Además de los presentes en Casa Rosada, hubo dirigentes que se conectaron de manera virtual. Estos fueron el senador Alberto Wereltinek, el decano Fernando Pérez Lazala de la Universidad de Cuyo, el diputado Felipe Álvarez, la diputada Alma Liliana Sapag, el decano Gonzalo Salerno de la Universidad Nacional de Catamarca, el decano Guillermo Barrera Buteler de la Universidad Nacional de Córdoba, el diputado Carlos Gutiérrez, el decano Javier Aga de la Universidad Nacional del Litoral, el senador José Mayans, el diputado Luis Contigiani, el diputado Luis Di Giacomo, la senadora Magdalena Solari Quintana, la senadora María de los Ángeles Sacnun, la integrante del Consejo de la Magistratura María Inés Pilatti Vergara, la decana María del Carmen Ortega de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el senador Oscar Parrilli, el miembro del Consejo de la Magistratura Ricardo Recondo y el diputado Enrique Estévez.

En su discurso, el jefe de Estado repasó los conceptos claves de la iniciativa, que ya habían trascendido los últimos días. La iniciativa crea un nuevo fuero federal para la ciudad de Buenos Aires. Se trata de los tribunales que investigan las causas de corrupción del poder político y económico y de los funcionarios públicos. Pero también el crimen organizado como los casos de narcotráfico, secuestros, trata de personas. Ese fuero –los tribunales de Comodoro Py– tiene 12 juzgados de primera instancia. El proyecto los unifica con los 11 juzgados del fuero penal económico, que también es federal y se encarga de las causas por contrabando y delitos tributarios y aduaneros. Con esa fusión los juzgados son 23 pero se transformarán en 46 porque cada uno tiene dos secretarías que pasarán a ser juzgados.  Con la unificación de los fueros también se unen las cámaras de cada uno. Son dos tanto en Comodoro Py como en penal económico, por lo que el nuevo fuero tendrá cuatro salas con tres jueces cada una. Por ese tribunal pasan todas las investigaciones y se define su futuro: desde detenciones, procesamientos, nulidades y cualquier planteo que se haga contra las decisiones de los jueces de primera instancia. Hoy en esas cuatro salas hay cinco vacantes. Tres en penal económico y dos en Comodoro Py. Se suma una discusión que se está dando en el Consejo de la Magistratura de la Nación sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal de Comodoro Py.

El oficialismo objeta que fueron traslados allí durante el gobierno de Mauricio Macri pero sin completar el trámite de designación de jueces que fija la Constitución Nacional, por lo que deben volver a sus anteriores tribunales. Si eso ocurre habrá dos vacantes más en esa Cámara. Cómo se cubren las vacantes Con el proyecto se abren 23 cargos nuevos de jueces que deben ser ocupados por magistrados titulares. Para eso se debe hacer un concurso público que dura al menos dos años. Mientras tanto el proyecto de reforma judicial fija que esos lugares sean cubiertos por jueces subrogantes. Para eso se convocará a magistrados del fuero de instrucción –la Justicia penal ordinaria que investiga robos, violaciones, homicidios–. Deberán anotarse en una lista que analizará el Consejo de la Magistratura de la Nación para su aprobación y que enviará al Poder Ejecutivo. Y de allí al Senado para su aprobación final. Buscan cumplir con todos los pasos de nombramiento de un juez que fija la Constitución Nacional.

 En las provincias del país los juzgados federales tienen lo que se conoce como competencia múltiple. Eso es que resuelven las causas penales, las civiles, laborales, todo lo que se presenta. El proyecto de reforma judicial busca desdoblar los juzgados y crear nuevos. Uno para exclusivamente los temas penales –tiene los casos de narcotráfico– y otro para el resto de las causas. El juez titular podrá elegir con qué juzgado se queda.

La iniciativa también planea unificar los fueros civil y comercial federal y el contencioso administrativo federal. Se trata de tribunales que resuelven los juicios en los que está involucrado el Estado nacional. El proyecto establece 23 juzgados de primera instancia para el nuevo fuero (las 11 de civil y comercial y las 12 de contencioso) y ocho salas de Cámara (las tres de civil y comercial y las cinco de contencioso). 

El Gobierno también dictará un decreto por el cual crea un Consejo de Asesores integrado por 11 juristas que analizará el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación. Concretamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, que son las cabezas de la Justicia. También la aplicación de los juicios por jurados que están establecidos en la Constitución Nacional hace más de 100 años y que a nivel federal nunca entraron en vigencia.

El punto más esperado del Consejo será su mirada sobre el funcionamiento de la Corte Suprema y si propondrá que esté integrada por más jueces –hoy son cinco– y si su trabajo se debe dividir en salas temáticas. Lo integran Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, Inés Weinberg de Roca, ex candidata a la Procuración postulada por Mauricio Macri, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, Omar Palermo, juez de la Corte de Mendoza, Carlos Arslanian, ex juez del juicio de las Juntas Militares, Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal, Gustavo Ferreyra, constitucionalista, Marisa Herrera, experta en derecho de familia, e Hilda Kogan, Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini, juezas de las cortes de Buenos Aires, Tucumán y Tierra del Fuego, respectivamente. El coordinador de este consejo será Fabian Musso, quien trabajaba en el estudio de Esteban Righi. Mañana saldrá el DNU que dispone la creación.