En los últimos días hemos sido testigos del último y vergonzoso intento de ayudar judicialmente al éxito electoral del gobierno. Como todos sabemos la Cámara de Apelaciones del fuero Penal Federal de la Capital ha decidido ordenar (si: ¡ordenar¡) al Juez de primera instancia que en la causa denominada vulgarmente “Rio Turbio” pida el desafuero del Diputado legítimamente elegido por los ciudadanos Julio De Vido y ordene su detención.

Los rumores son inquietantes: la decisión del Juez de reacionar de modo inmediato a la orden ilegítima de la Cámara habria respondido a una descomunal presión de alguno de sus superiores y sujetos pertenecientes a oscuros lugares del poder y habría legisladores dispuestos a convalidar uno de los desatinos más graves desde la restauración democrática.  Ahora bien, ¿por qué ello sería un grave y doloroso daño a nuestra instituciones democráticas?. Veamos.

La denominada causa “Rio Turbio” no es de larga data. Al contrario su inicio es del año pasado. Se trata de un expediente que el Juez tenía en plena investigación para estudiar si había posibilidad o no de imputarle a alguien un hecho preciso y que ese alguien se defienda (funcionarios, profesores universitarios, etc). El Fiscal de la causa venía insistiendo, con particualar vehemencia en estos meses, sobre la necesidad de que el juez llame a indagatoria a los imputados y ordene la detención, previo pedido de desafuero en su caso.

La insistencia del Fiscal sonaba rara al Juez quien pudo confirmar que entre el expediente y el Fiscal no habría habido contacto material, lo cual tornaba dudoso el origen de las convicciones del Fiscal sobre la eventual trascendencia del hecho.

Es dificil para un Fiscal pedir medidas sobre un expediente que nunca ha leido.

El Juez, hace pocos meses tuvo presente (sin resolver nada en concreto, tal cual es su facultad) el pedido de indagatoria. El fiscal, sin embargo, y sabiendo de que no correspondía, interpuso un recurso de apelación para que intervenga una sala de la Cámara que es la responsable de la mayor persecusión penal sobre grupo político que conozca nuestra historia reciente (un tema sobre el cual este defensor informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desarrollará en detalles el Martes 24 de este mes en una reunión bilateral en el marco del 165 Período Ordinario de Sesiones que tendrá lugar del 23 de octubre al 1 de noviembre en Montevideo).

Hay una firme jurisprudencia que sostiene que la decisión de llamar o no a indagatoria es resorte exclusivo del Juez de primera instancia. Pero nada de ello importa cuando se vive sin reglas y, en pos de venganzas personales o entramados políticos, se pone en venta al Estado de Derecho. Para peor, uno de los magistrados que tuvo que resolver en esa ilegítima apelación y que solo debía referirse al si o al no del llamado a indagatoria opinó sobre la necesidad del desafuero y la detención. Es decir, juzgó sobre lo que no debía, como lo dejaron claro sus propios compañeros de sala (alguno elegido de modo dudoso).

Luego de ese fallo, el Juez resolvió llamar a indagatoria al Diputado De Vido, pero obviamente, no introdujo nada sobre el desafuero (no necesario para la indagatoria, frente a un legislador que nunca se ha opuesto a brindar las explicaciones judiciales que deba dar) y menos sobre la detención. El encomiable, pero selectivo Fiscal, volvió a apelar: el Fiscal quería el regalo oficialista de la detención del diputado. En el medio, la discusión ya no se detuvo en la detención del resto de los imputados, sino solo en la del Diputado De Vido.

Por supuesto que llegados nuevamente a la Cámara, esta defensa no podía admitir que interviniera un magistrado que de modo inoportuno ya había adelantado opinión sobre la necesidad del desafuero y el arresto. Lo menos que debe exigir un abogado defensor es contar con jueces no contaminados e imparciales. Interpuesta la correspondiente recusación (cuyo éxito debiera ser indiscutible) y superando cualquier imagen de una justicia arbitraria, se decide “rechazar in limine” la necesaria y legitima recusación y obviar el tramite que la propia ley prevé para el tramite de recusación (ese dislate se encuentra a punto de ser corregido, si rige la Constitución Nacional, ante la Cámara de Casación Penal y mediante un recurso de Casación interpuesto por esta defensa. Luego de ello y ya allanado el camino, la Cámara toma la decisión de ordenar al juez que pida el desafuero y la detención. ¿cuál fue el argumento?: el riesgo de que Julio de Vido pueda obstaculizar la investigación, por su rol como Presidente de la Comisión de energía. Raro: todos los miércoles De Vido asiste a un Juicio oral, a nadie se la ocurrido que en ese proceso, mucho mas avanzado, el podría obstaculizar la investigación. Se habla también de sustracción y/o destrucción de documentación. Raro: consta en el expediente una declaración de una denunciante que dice que la única vez que faltó documentación fue porque se la llevo la Diputada del Parlasur, Mariana Zuvic. El Diputado Costa apareció con las mismas cajas en el programa “Animales Sueltos”. ¿Alguien investigo con celo esta sustracción y/o obstaculización?: ¡nadie¡, ni con celo ni sin celo. ¡Nadie¡. Posiblemente el Lunes denunciemos el hecho.

El juez de primera instancia que con urgencia corrió a cumplir con la orden de su exótico jefe en línea vertical (La cámara de apelaciones), debió esperar, ¿por qué?: justamente porque esa decisión no está firme: esta defensa ha interpuesto otro recurso de Casación (doble instancia sobre un fallo que dispone un arresto) sobre una decisión irregular de la Cámara que no debe ejecutarse hasta tanto quede firme. No está firme aún, y por ello el Juez se apresuró indebidamente y los legisladores cometerían un grave error sino esperan a la resolución de los miembros del Tribunal de Casación.

No sólo eso: la propia decisión del Juez de primera instancia que pidió a la Cámara de Diputados el desafuero no esta firme aún.

En resumen: Un juez de primera instancia le solicita a través de una resolución que no está firme, a la cámara de diputados que expulse a unos de sus miembros en el marco de un expediente en el que el propio juez considera que faltaban elementos siquiera para imputarle un hecho al acusado, en cumplimiento de una decisión que tampoco está firme y será revisada de inmediato por la Casación, de una sala de la Cámara Federal en materia penal cuya integración está  cuestionada por la irregular designación de uno de sus miembros y por escandaloso prejuzgamiento de otro de sus miembros.

La esperable decisión de otro Juez, en el marco de la causa vulgarmente denominada “Gas Licuado”, cuya principal prueba es una “pericia” copiada del sitio Rincon del Vago (algo confirmado formalmente), tampoco está firme y ni siquiera fue convalidada (en la desesperación judicial porque se acerque a este fin de semana electoral) por el superior.

En épocas en las que no abundan valentías republicanas, solo son tiempos para solicitar los mínimos prudentes y éticos: la cámara de diputados evitaría este escandalo nacional con solo demorar la decisión una o dos semanas y esperar asique ia corrija istema de justicia corrija o de firmeza a estas decisiones. La republica merece 10 dias.o juez considera que faltabanel propio sistema de justicia corrija o convalide estas graves decisiones. La republica merece 10 dias.