LOS ÁNGELES, California.- Además de la ley que convierte a California en el primer ‘estado santuario’ de Estados Unidos, el gobernador Jerry Brown firmó este jueves otras 10 iniciativas que ofrecen protección a la comunidad inmigrante del estado.

“Esta acción protege la seguridad pública y asegura que las personas trabajadoras que contribuyen a nuestro estado sean respetadas”, declaró el gobernador Brown.

La acción del gobernador ocurre en el mismo día en que venció el plazo para renovar el programa DACA , con lo cual el presidente Donald Trump, como parte de su política antiinmigrante, prácticamente da fin a un alivió migratorio que beneficiaba a casi 800,000 jóvenes.

Estas iniciativas convertidas en ley se suman a otras importantes acciones legislativas a favor de los inmigrantes que el gobernador Brown ha respaldado durante su mandato, como la ley dual AB-130 y AB-131, llamada California Dream Act, que ofrece ayuda financiera a estudiantes para ingresar al colegio.

También impulsó y firmó la AB-60 que expide licencias a los indocumentados, así como la SB-873 que creó un fondo para servicios legales a menores migrantes que llegaron a California de Centroamérica, yla SB 4 para extender la cobertura médica a niños indocumentados.

AB-291: Contra amenazas de deportación a inquilinos

Dentro del paquete legislastivo firmado por el gobernador de California, una de las más importantes es la medida AB-291 presentada por el asambleísta David Chiu, la cual protege a los inquilinos indocumentados de las amenazas de deportación que les que hagan sus arrendadores.

La nueva ley prohíbe el acoso, la venganza o la discriminación contra los inquilinos, quienes podrán demandar a los propietarios cuando eso ocurra o sufran abusos por su condición migratoria. De ser declarado culpable, el arrendador tendría que pagar indemnización de entre 6 y 12 veces el valor mensual de la renta del inquilino.

"Esta medida detendrá a la pequeña minoría de dueños de propiedades que de manera inescrupulosa se aprovechan de la situación de inmigración real o percibida de sus inquilinos para participar en abusos", mencionó el asambleísta Chiu.

AB-299: Arrendadores no deberán pedir información migratoria de inquilinos

Este medida, presentada por el asambleísta Ian Calderón, es en refuerzo de la AB-291 para modificar la ley actual y prohibir que cualquier entidad pública, incluyendo al gobierno federal, obligue a los dueños de propiedades y administradores de edificios en renta a que obtengan o divulguen información basada en el estatus migratorio o la ciudadanía de los inquilinos o posibles inquilinos.

“Esta ley asegura a dueños y gerentes de propiedades que pueden continuar tomando decisiones de arrendamiento basado en calificaciones financieras y personales de manera apropiada, sin la amenaza de un juicio o recurso administrativo (por parte del gobierno federal). Aquellos que buscan vivienda no deben ser objeto de discriminación debido a su estatus migratorio o vivir con temor de que puedan ser reportados a las autoridades”, declaró Calderón.

AB-21: Protección a estudiantes indocumentados

La medida propuesta por el asambleísta Ash Kalra asegura que todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, puedan continuar aprovechando la educación a la que tienen derecho.

Esta nueva ley también establece que los sistemas públicos de educación superior de California se abstengan de divulgar información de los estudiantes, restrinjan el acceso al campus sin previo aviso de agentes de ICE y ayuden a los estudiantes afectados por las políticas federales de inmigración, incluyendo asesoría legal.

AB-343: Apoyo educativo a refugiados

Los estudiantes inmigrantes que provienen de países en guerra como Afganistán, Irak y Siria, con estatus de refugiados, pagarán el mismo costo de matrícula que el resto de los estudiantes, y tienen derecho a programas papa aprender el idioma inglés y otras habilidades necesarias para su integración.

Además, la ley patrocinada por el asambleísta Kevin McCarty, ofrece un mejor apoyo educativo a los refugiados con una visa de inmigrante especial (SIV), para quienes durante los conflictos bélicos han prestado servicio como traductor a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o en el Departamento de Estado.

AB-450: No redadas en centros de trabajo

Esta ley que entra en vigor el 1 de enero de 2018 busca proteger a los trabajadores de ser detenidos injustamente en su lugar de trabajo al exigir a los empleadores que pidan una orden judicial antes de conceder el acceso a los agentes ICE.

También pretenden evitar que los empleadores compartan información confidencial de los empleados, como número de seguro social, sin no hay una orden judicial de por medio.

La AB 450, del asambleísta David Chiu, exigirá a los empleadores que notifiquen a los empleados antes de que se lleve a cabo una auditoría de los registros de los empleados (como el E-Verify) y que también proporcione al empleado los resultados de esas auditorías.

Presentada por el asambleísta Patrcik O’Donnell, esta ley ofrece protecciones y apoyo a los estudiantes inmigrantes al prohibir recopilar información sobre el estatus migratorio de los alumnos o de sus familiares, además de vetar el ingreso a las escuelas públicas a agentes de ICE, para cualquier propósito, si no cuentan con una una orden judicial.

También exige a los distritos escolares para que tomen medidas para prevenir el acoso escolar debido al estatus migratorio percibido o real de un estudiante.

SB-29: No más cárceles de ICE

A partir del 1 de enero de 2018 los cuerpos policiales o cárceles de municipios y condados, que para ese entonces no tengan contrato con el gobierno federal o con empresas carcelarias privadas, no podrán mantener en custodia a reos por cuestiones de inmigración.

Las que tengan contrato no podrán incrementar el número de personas detenidas a solicitud de ICE y tampoco se podrán construir más cárceles para inmigrantes.

La iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Lara, quien consideró que la ley busca proteger los derechos humanos de los detenidos e impedir que las corporaciones o gobiernos locales continúen lucrando con el encarcelamiento de inmigrantes.

SB-68: Ayuda financiera para más estudiantes

Otra medida propuesta por el senador Ricardo Lara que amplía el marco legal de la ley AB 540, aprobada en 2001 para que los estudiantes indocumentados en colegios comunitarios y otros programas sean elegibles para ayuda financiera y pago de matrícula similar al resto de los estudiantes en el estado.

La SB-68 valida años pasados de estudios en colegios comunitarios y escuelas para adultos para cumplir con los tres años de estudios de secundaria para recibir ayuda a través de la AB 540. Además, ley permitirá que más estudiantes puedan ser transferidos a planteles del sistema de universidades de California (UC y Cal State).

SB-156: Asistencia para la ciudadanía a inmigrantes en fuerzas armadas

Que todos los inmigrantes que son veteranos de guerra, que completaron o regresan del servicio militar o que son miembros de la Guardia Nacional en el estado, deberán ser asistidos para llenar los formularios necesarios para solicitar la ciudadanía estadounidense, así como recibir información sobre dónde obtener ayuda legal, refiere esta nueva ley que fue impulsada del senador Joel Anderson.

SB-257: Cruzar la frontera para estudiar

El senador Ricardo Lara también es el autor de esta ley que protege la educación de los estudiantes de California exiliados debido a la salida forzada de un padre al requerir a los distritos escolares que admitan a hijos de padres que salieron del estado en contra de su voluntad, la mayoría de las veces por deportación.

Esta ley beneficiaría particularmente a quienes viven en ciudades fronterizas de México con California para que puedan acudir a escuelas publicas del kínder al grado 12 sin que tenga que cumplir con el requisito de residencia en el área donde se ubica el plantel escolar.

SB-54: Estado santuario

La medida que fue promovida por el senador Kevin de León convierte a California en el primer ‘estado santuario’ del país al limitar la cooperación de los cuerpos policiales locales con las autoridades de inmigración. La política de colaboración restringida con ICE se extenderá a escuelas y bibliotecas públicas, clínicas de salud del estado y tribunales estatales.