Karen Espíndola tenía 22 años y doce semanas de embarazo cuando un doctor le dijo que su bebé iba a morir; tenía una malformación que no permitiría que su cerebro se desarrollara correctamente.

Si sobrevivía, iba a ser por muy poco tiempo.

El debate encarnecido sobre la prohibición del aborto en Chile, que podría ser levantada este viernes, no era un tema que Espíndola tenía presente ese día de agosto del 2008. Acababa de romper con su novio, quien no quería reconocer la paternidad, y había decidido criar al bebé como madre soltera. Tenía un trabajo estable en una empresa de seguros, el apoyo de sus padres y sueños sobre lo que haría cuando su hijo creciera.

Sin embargo, después de averiguar más sobre la condición que padecía, holoprosencefalia, le pidió a su doctor interrumpir el embarazo. Fue una decisión dolorosa y difícil, pero concluyó que ni la ciencia ni Dios podían hacer nada. ¿Por qué sobrellevar nueve meses de pesar si el bebé iba a sufrir y morir?

El doctor dijo que no era posible interrumpir el embarazo.

Espíndola, ahora una estudiante de Psicología de 31 años, sabía que el aborto era ilegal en Chile, pero supuso que se permitía cuando las circunstancias eran así de extremas. Espíndola no podía dejar de pensar que tendría un mortinato o que el bebé tendría serias malformaciones típicas de la holoprosencefalia. Apenas si podía dormir o comer; bajó casi 12 kilos. Dejó de ir al trabajo y se recluyó.

“Mi cuerpo se estaba preparando para la vida, pero mi mente se alistaba para la muerte”, dijo.

Este viernes, el Tribunal Constitucional chileno decidirá si declaran admisible la ley aprobada a principios de agosto por el congreso y que permite el aborto por tres causales –cuando peligra la vida de la mujer, hubo violación o hay inviabilidad fetal–. De hacerlo, se restablecería un derecho establecido en 1931 pero que fue eliminado en 1989 hacia el final de la dictadura de Augusto Pinochet.

La despenalización parcial del aborto en Chile sería una victoria política para Michelle Bachelet, quien ha apuntalado la legislación, y un hito para los derechos reproductivos de la mujer en solo uno de los cuatro países de América Latina que todavía tiene un veto total al aborto.

Espíndola le entregó la semana pasada personalmente una carta a los ocho hombres y dos mujeres que forman parte del Tribunal Constitucional. “No solo se obliga a las mujeres a ser madres a la fuerza, ¡sino que se les obliga a tener que soportar la muerte de un hijo(a)! ¿Habrá algo más doloroso para una madre o un padre?”, señala su texto. “Hoy, ustedes tienen la posibilidad de impedir que una historia como la mía se vuelva a repetir. Podrían ser sus hijas, nietas o sobrinas. Podría ser cualquiera”.

El tribunal ha escuchado argumentos de alrededor de 135 personas y grupos que respaldan a uno de los dos bandos: el gobierno o la oposición de derecha.

Cualquier persona que haya participado en la interrupción de un embarazo en Chile se enfrenta a una condena de quince años en prisión. De 2010 a 2014 hubo 73 sentencias; en doce de ellas un hombre es quien terminó detrás de las rejas. Durante los últimos años, las cortes usualmente han ordenado que las mujeres se sometan a terapia en vez de encarcelarlas. Los legisladores conservadores han pedido penas mayores y presentaron legislación para construir monumentos a las “víctimas inocentes del aborto”.

Otros congresistas chilenos han sometido a discusión más de una decena de propuestas para permitir el aborto en casos limitados desde 1991; todas fueron descartadas.

“Hay mucho conservadurismo en las personas en el poder y la Iglesia católica todavía tiene mucho poder”, dijo Karla Rubilar, una de pocas legisladoras de derecha que respalda la interrupción del embarazo por causales definidas. “Eso ha impedido que haya progreso”.

Después de la votación del 2 de agosto en el congreso a favor del aborto por tres causales, la coalición de derecha Chile Vamos acudió al tribunal y argumentó que la medida debía ser declarada inconstitucional por violar la “la garantía del derecho a la vida”.

La senadora Jacqueline van Rysselberghe, presidenta del partido de ultradecha UDI, dijo que “si este proyecto es aprobado, el derecho a la vida se vuelve algo relativo. Lo que está en el útero de la mujer es un ser vivo que tiene el derecho a vivir”.

La prohibición ha hecho del aborto en Chile un emprendimiento clandestino e inseguro. El año pasado fueron dadas de alta más de 30.000 chilenas del hospital después de ser tratadas por abortos espontáneos o provocados, según datos del Ministerio de Salud chileno. La organización de derechos sexuales y reproductivos Miles estima que cada año suceden entre 60.000 y 70.000 abortos clandestinos.

“Es muy cínico todo esto. Todos saben que lo puedes comprar con una tarjeta de crédito, todos saben que hay un mercado negro y el personal médico ya prácticamente nunca reporta los abortos ilegales”, dijo Claudia Dides, directora de Miles. “Es penoso que en 25 años con gobiernos democráticos no hemos podido restaurar un derecho que las mujeres ejercieron incluso cuando había una dictadura”.

En 2008, Espíndola le escribió a los medios, al Ministerio de Salud y directamente a Bachelet, quien estaba en su primer mandato. Le prometieron que recibiría asistencia médica y psicológica personalizada y especializada.

“Si el Estado me iba a forzar a dar a luz a un bebé que iba a morir, entonces tenía que responsabilizarse por los costos y las consecuencias”, dijo. “Pero eso nunca sucedió. Un neurólogo del hospital público me dijo que ni intentara cuidar a mi hijo porque moriría pronto de cualquier manera”.

Cuando pasaba por esa pesadilla fue que comenzó su vida como una activista por los derechos reproductivos de la mujer. Escribió columnas, testificó frente a comisiones legislativas y en foros y se convirtió en alguien a quien podían acudir otras mujeres en situaciones similares.

Algunos chilenos celebraran su valentía; otros la acusaban de querer matar a su bebé. Le ofrecieron ayuda varios grupos antiaborto en la espera de convertirla en un ejemplo de mujeres que llevaban a término a fetos con problemas médicos muy severos. Un día le llamó alguien para ofrecerle los servicios funerarios cuando todavía ni siquiera había dado a luz.

Osvaldo, su hijo, nació el 13 de febrero del 2009 con holoprosencefalia, microcefalia, cuadriplejia espástica, hipotiroidismo, laringomalacia, falla renal y reflujo. Estuvo fuera y dentro del hospital durante dos años. Tenía dificultades para dormir, respirar y pasar saliva y solo podía ser alimentado por medio de un cateter. Vomitaba frecuentemente, tenía convulsiones y tenía que tomar quince medicinas diferentes al día.

Estaba severamente desnutrido, pero los doctores nunca lo movían hasta arriba de las listas de operaciones porque sabían que, inevitablemente, fallecería. Lloraba todo el tiempo, posiblemente por el dolor, dijo Espíndola. No recibió ayuda del gobierno. Los grupos antiaborto le enviaron algo de dinero y ropa usada… para niñas.

“Me apoderó un sentimiento de impotencia y enojo. ¿Por qué me forzaron a esta crueldad? ¿Por qué hacer sufrir a mi bebé? ¿Para qué? Esos sentimientos me hicieron enfermar”, dijo.

Después de tomar licencia sin paga, Espíndola terminó por renunciar a su trabajo. Sus amigos organizaban juegos de bingo con el fin de recaudar fondos para los gastos médicos de Osvaldo. En medio de todo, Espíndola estrechó su amistad con un conocido del colegio quien se volvió su apoyo y un padre para Osvaldo. Se casaron en 2013 y ahora tienen hijos gemelos de dos años de edad.

El estipendio que le pidió al gobierno para ayudar a costear los gastos llegaron cuatro días antes de que su hijo muriera en agosto de 2011; de inmediato le fue retirado. No fue suficiente ni para pagar el féretro.

Después de la muerte de Osvaldo, Espíndola colapsó. Intentó suicidarse pocas semanas después y tomaba muchas medicinas por los ataques de pánico y la depresión. Trató de suicidarse dos veces más y fue internada en hospitales psiquiátricos en cinco ocasiones.

Durante el embarazo usualmente rezaba por que el dolor y el sufrimiento de su bebé le fuera transferido a ella. “Preguntaba: ‘¿Por qué me está castigando así Dios? ¿Qué hice yo para merecerlo?'”, dijo. Al final, eso aunado a los ataques de fanáticos religiosos destruyeron su fe.

“Mi juventud, mi vida, mis esperanzas, todo eso se derrumbó”, dijo Espíndola. “Me llamaron asesina pero nadie quería a Osvaldo más que yo. Fui forzada a ver morir a mi hijo. Eso no es más que una tortura patrocinada por el Estado”.